Las cosas que ha dejado de hacer Manuel Vicent, las asignaturas pendientes y Estados Unidos

Análisis con Javier Aroca, Mariola Urrea y Carlos Navarro-Antolín. Hoy es ya posible que las personas migrantes soliciten la regularización de forma presencial. Hay más de 400 oficinas abiertas en todo el país para que los interesados con cita previa puedan hacer este trámite. La regularización extraordinaria de personas migrantes fue el principal asunto que el PP empleó la semana pasada para atacar al Gobierno. Ayer Feijóo evitó hacer mención alguna al pacto con Vox durante su intervención en un acto de precampaña en Andalucía. Esto se explica por la incomodidad que ha generado en algunos sectores del Partido Popular ese acuerdo con Vox, del que -incluso- el propio Feijóo intenta ahora distanciarse. Del exterior, se complica la negociación entre Estados Unidos e Irán, prevista para mañana. Estados Unidos intercepta un buque iraní al que acusa de saltarse el bloqueo del estrecho de Ormuz y Teherán anuncia represalias. Irán no confirma que vaya a negociar y Trump amenaza con volar el país por los aires si no hay acuerdo. 

Pocos días después de consolidarse el pacto de Gobierno en Extremadura entre PP y Vox, algunos dirigentes populares se distancian de los acuerdos. Entre ellos, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla que, a las puertas de las elecciones andaluzas, se desmarca de esa alianza y de las exigencias de la ultraderecha que amenaza con pedir más en las otras autonomías. Entretanto, empieza el proceso para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes de forma presencial, una medida que el gobierno usa como bandera contra los políticas de la derecha. Hay más de 400 oficinas habilitadas, pero hay grupos organizados que está aprovechando la situación para vender citas a personas migrantes por más de 50 euros. Además, PP y Vox muestran su apoyo a la opositora venezolana María Corina Machado que se reunió con ambos pero que no lo hizo con Pedro Sánchez.

El juez Peinado aprovecha los viajes internacionales de Sánchez para dictar autos contra Begoña Gómez, llegando a comparar al presidente con Fernando VII y acusarlo de conductas propias de regímenes absolutistas. El autor califica esta actuación judicial como absolutismo y cuestiona el gasto público en la investigación de una mileurista. Tras finalizar la instrucción, el caso queda en manos de nueve hombres sin piedad que determinarán las responsabilidades finales.