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La desclasificación del 23-F es una necesidad ineludible para que España abandone su sociedad adolescente que necesita de la tutela de los poderes fácticos. El sistema político se pierde en el ruido y las interpretaciones en clave electoral, siendo incapaz de separar el grano de la paja. Lo relevante es que cualquier demócrata celebrará que el país por fin salga de la pubertad en cuestión de secretos oficiales.
El PP trataba de desgastar al PSOE votación tras votación y el precio que ha ido pagando es depende más de Vox. Ahora, la dirección nacional de los populares toma las riendas de las negociaciones con la ultraderecha en las autonomías para que todos los dirigentes responda a un mismo patrón. El PP le pide a Vox, entre otras cosas, que apoye los cuatro presupuestos de los cuatro años que debe tener una legislatura. Es el anticipo de un eventual acuerdo si ambos suman mayoría en las próximas generales. En Madrid, uno de los fundadores de Vox, Ortega-Smith, volverá a ejercer como portavoz del partido, a pesar de que Santiago Abascal haya ordenado empezar el trámite para echarlo de la formación. Y, en Valencia, declaran las asociaciones de las víctimas de la dana ante la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.
La mayor dificultad al trabajar con las palabras es evitar que se queden en la nevera y conseguir que conecten con la vida de la gente. Luis García Montero teme que el ascenso de la extrema derecha vacíe de significado los valores democráticos al servicio de las grandes fortunas. El miedo real es que se liquide la educación pública y la sanidad, convirtiendo a hijos y nietos en un simple negocio.
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