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Mientras la extrema derecha no deja de crecer y de imponer sus exigencias al PP para formar los gobiernos autonómicos, la izquierda que forma Sumar sopesa la posibilidad de una fuerza conjunta que movilice al electorado y frene el auge de los ultras. En paralelo, Gabriel Rufián reaviva su intención de unificar a todos los grupos de izquierdas, aunque no cuenta ni siquiera con el apoyo de su partido. Además, Pedro Sánchez comparece en el Congreso, por primera vez este año, para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida. Y el expresidente Felipe González afirma que no apoya a Sánchez y que, él, no pactaría con Vox pero "a mucha más distancia" pactaría con Bildu.
El PP trataba de desgastar al PSOE votación tras votación y el precio que ha ido pagando es depende más de Vox. Ahora, la dirección nacional de los populares toma las riendas de las negociaciones con la ultraderecha en las autonomías para que todos los dirigentes responda a un mismo patrón. El PP le pide a Vox, entre otras cosas, que apoye los cuatro presupuestos de los cuatro años que debe tener una legislatura. Es el anticipo de un eventual acuerdo si ambos suman mayoría en las próximas generales. En Madrid, uno de los fundadores de Vox, Ortega-Smith, volverá a ejercer como portavoz del partido, a pesar de que Santiago Abascal haya ordenado empezar el trámite para echarlo de la formación. Y, en Valencia, declaran las asociaciones de las víctimas de la dana ante la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.
La casa real británica, sacudida por un escándalo: la detención del ex príncipe Andrés por su vinculación con el pederasta Jeffrey Epstein. El hermano del rey Carlos II está ya en libertad pero se investiga una supuesta filtración de datos del Gobierno cuando trabajaba de enviado especial de comercio en Estados Unidos. Otra imagen del exterior está en Venezuela, donde la ley de amnistía promulgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ha aprobado por mayoría absoluta. La norma beneficiará a más de 600 presos, aunque las organizaciones de derechos humanos la reciben con cautela. Y, en Cuba, las condiciones de vida de los habitantes sigue empeorando por la falta de combustible y las sanciones de Estados Unidos.
